Caballeros de pacotilla: Roma vuelve a cerrar las puertas de los templos a las órdenes de fantasía
Por Juan Cayón Peña l La Santa Sede reconoce siete órdenes de caballería. Siete. Cualquier otra que te ofrezcan, con el santo que sea y la capa que sea, no vale nada para Roma. Lo ha repetido el 10 de octubre. Lleva más de un siglo diciendo lo mismo y, con esta fórmula exacta, desde 1970.
Lo interesante no es lo que dice. Es que haya que repetirlo.
Lo que dice el comunicado
El sábado 10 de octubre la Secretaría de Estado publicó una aclaración. Respondía, según el propio texto, a numerosas peticiones de información sobre órdenes de fantasía, muchas de ellas dedicadas a santos o con títulos sagrados.
Además de sus cinco órdenes propias (Suprema Orden de Cristo, Espuela de Oro, Orden Piana, San Gregorio Magno y San Silvestre Papa), la Santa Sede solo reconoce y protege la Orden de Malta y la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. Añade que no tiene intención de innovar al respecto incorporando nuevas siglas a esa lista.
Todas las demás, sean de nueva creación o presuntas herederas de las medievales, quedan fuera. Roma no puede garantizar ni su legitimidad histórica y jurídica, ni sus fines, ni su organización. Y cierra el comunicado con dos frases que es importante tener en cuenta: no atribuye ningún valor a los diplomas e insignias que esas organizaciones expiden, y considera inadecuado el uso de iglesias y capillas para sus «ceremonias de investidura».
No es un decreto. No nombra a ninguna organización, no habla de países y no prevé sanciones. Es un criterio, formulado con el adjetivo más cauto de la diplomacia vaticana. Quien lea «prohibición» exagera. Quien lea «sugerencia» no ha entendido cómo funciona el derecho canónico.
El canon 1210 dispone que en un lugar sagrado solo se admite lo que favorece el culto, la piedad y la religión, y que el Ordinario puede permitir otros usos en casos concretos, siempre que no contradigan la santidad del lugar. El canon 1213 añade que la autoridad eclesiástica ejerce libremente sus funciones en esos lugares.
Mi lectura es sencilla. Ceder un templo para una investidura es una decisión del Ordinario, no un derecho de quien lo solicita y lo que ha hecho la Secretaría de Estado es poner por escrito, a la vista de todos, el criterio con el que debería decidir. Lo que no se es hasta qué punto, ese ordinario del lugar que cede a una orden de fantasía una preciosa iglesia para una investidura llena de uniformes de opereta, es o no consciente de que, esa orden, ni siquiera existe en el registro de asociaciones, es el entorno que camufla el negocio de venta de supuestas dignidades nobiliarias y desbarra, y nunca mejor dicho, en la barra libre tras la comida o cena de celebración. Porque todo eso, la verdad, no favorece demasiado el culto, la piedad ni la religión, ni es propio de quien, con autenticidad, siente la fe católica como la única verdadera.
Ciento veintiún años repitiendo el aviso
La novedad del comunicado es cero, y esa es la noticia. El propio texto dice que reitera lo ya publicado en la nota anterior equivalente, de octubre de 2012, que es casi idéntica.
Pero es que antes hubo muchas más. Una recopilación publicada en 2021 en la revista Ius Ecclesiae reúne otras diez notas oficiales entre 1905 y 2006, y a ellas hay que sumar la de 2012 y la de ahora. La primera es de marzo de 1905, cuando la Cancillería de las Órdenes Ecuestres, tras el breve Multum ad excitandos de Pío X, fijó cuáles eran las órdenes pontificias y declaró absolutamente nulas las demás que pudieran haber pasado por aprobadas.
Leídas en conjunto, esas notas son una pequeña historia universal de la picaresca, como lo son todas esas pretendidas órdenes que se arrogan derechos históricos inexistentes, que apelan a episodios imperiales de la historia, o pretenden cobijarse bajo reliquias y santorales que en realidad nada tienen que ver con ellas. Naturalmente no me refiero a cofradías y hermandades legítimas, que, por cierto, nunca se hacen pasar por órdenes caballerescas o de apariencia nobiliaria.
En 1935 Roma advertía de que estas iniciativas se acogían al nombre de instituciones históricas para parecer, ante la mayoría, obras de la Iglesia siendo en realidad iniciativas privadas. En 1947 constataba que a estas órdenes se les atribuían, con terminología casi monótona, los adjetivos de sagradas, militares, ecuestres, soberanas, nobiliarias, imperiales o reales. En abril de 1970, la nota llegó tras una solemne investidura de caballeros de la Orden de Santa Brígida de Suecia en una parroquia de Roma. Los lectores preguntaban qué pensaba la Santa Sede. Cincuenta y seis años después, la pregunta es la misma y la respuesta también. En julio de ese mismo año, otra nota alertaba a la jerarquía sobre los emisarios de una supuesta orden del Temple que asediaban a la Santa Sede y a sus representaciones. Recordaba que el Temple fue suprimido por Clemente V y nunca restaurado, y calificaba su restauración moderna de abuso ilegítimo. Y en mayo de 2006, Roma tuvo que desmentir una carta falsificada, aparentemente firmada por el cardenal Secretario de Estado que, al circular en Alemania, avalaba el supuesto reconocimiento de una orden templaria. La carta era falsa.
Detengámonos en ese dato aterrador. Alguien fabricó una carta con la firma del Secretario de Estado para respaldar un reconocimiento inexistente. Quien llega a eso no está jugando a las recreaciones históricas; es, simplemente, un presunto delincuente. Y es que, como demuestra la hemeroteca, en estas órdenes que venimos criticando en esta línea de contribuciones en Linkedin, abundan más de lo que podía parecer los delincuentes, condenados judicialmente o acusados formalmente por jueces y fiscales o por gobiernos y parlamentos.
El templo es parte del producto
Cabe preguntarse por qué el comunicado insiste en las iglesias y no solo en los diplomas, y es que un diploma lo imprime cualquiera, un altar, no.
El negocio de las órdenes de fantasía, al que hemos dedicado ya dos contribuciones previas con este mismo formato, necesita una ceremonia, la ceremonia necesita solemnidad y la solemnidad, en estos casos, se compra prestada. Con ella, un club privado, o más bien una quedada de amigotes, se convierte, ante los ojos del invitado y del público, en algo que parece de la Iglesia, que parece serio. Después viene la fotografía. Y la fotografía acaba en un perfil profesional, en un currículo, en una nota de prensa o en la firma de un correo.
Es exactamente lo que la Secretaría de Estado diagnosticó en 1935. No hace falta engañar a nadie con palabras si el escenario hace el trabajo.
El canonista Miguel Delgado Galindo, antiguo subsecretario del Pontificio Consejo para los Laicos, fue más lejos en su estudio en 2021. A propósito de los llamados neotemplarios, escribió que no ayuda a aclarar nada la presencia de altos prelados en sus liturgias y ceremonias de investidura, ni que acepten cargos en esos grupos, como el de protector espiritual o el de gran prior. Y concluyó que sería exigible a los pastores vigilar el uso de iglesias y capillas para las investiduras de estas órdenes, que, a su juicio, casi siempre persiguen un fin lucrativo.
Quien presta el altar y quien acepta el título de protector son, lo sepan o no, el eslabón que convierte una asociación (a veces ni eso) en algo que parece de la Iglesia. No son víctimas del engaño, son los que lo hacen verosímil y esa es su responsabilidad.
Hay modelos de cómo cortar esta sangría de prestigio y seriedad. En junio de 2005, el Vicariato de Roma envió una circular a párrocos y rectores de iglesias y capillas, a propósito de supuestas órdenes templarias, pidiéndoles que dejaran de tramitar las solicitudes de órdenes no reconocidas, en particular las de celebraciones eucarísticas ligadas a investiduras, y que, ante la duda, las remitieran previamente a la Secretaría General del Vicariato. Es un procedimiento sencillo y replicable en cualquier diócesis. Lo difícil nunca es la norma, es aplicarla, máxime si perjudica al ego o al pecunio de sus destinatarios. Me pregunto cuántas diócesis tienen hoy un protocolo equivalente, y cuántos rectores de iglesia saben que existe un comunicado como el de este mes de octubre.
Setecientos años después, la orden sigue milagrosamente «viva»
Infovaticana recuerda un episodio revelador: en 2023, una asociación que se presenta como heredera de los templarios presentó una demanda de conciliación contra el papa Francisco para exigir la rehabilitación de una orden suprimida en 1312.
Roma ya había dicho, en 1970 y en 2006, que el Temple fue suprimido por Clemente V y que nunca fue restaurado por ningún sucesor. Que alguien lo reclame ante un papa, en pleno siglo XXI, da la medida de hasta dónde llega la pretensión de continuidad histórica en este sector, basada generalmente en invenciones. Y también de lo poco que importan los hechos documentados cuando el relato resulta atractivo para colmar la ambición económica y la necesidad de un reconocimiento por méritos inexistentes, más allá de la cantidad de dinero que se recauda por el ingreso.
Lo que Roma no dice
La Santa Sede habla de su propio reconocimiento y del valor eclesial de los diplomas. No dictamina sobre la legitimidad civil ni dinástica de cada distinción del mundo. El propio Delgado Galindo, antes citado, recuerda que la Santa Sede reconoce las órdenes conferidas por los Estados y las que pertenecen al patrimonio heráldico de las dinastías reinantes y de las que ya no reinan, pero nunca renunciaron a sus derechos soberanos.
Por tanto, la pregunta correcta no es si el Vaticano reconoce una orden. Es quién es su fuente de honor y si eso se puede comprobar. Cuatro preguntas bastan.
La primera: ¿existe un Estado o un soberano verificable que la haya instituido? La segunda: ¿tiene personalidad jurídica y están publicados sus estatutos y sus concesiones, de modo que cualquiera pueda comprobarlas? La tercera: ¿se accede a ella sin pagar? Una cuota de ingreso, un gasto de expediente o una aportación institucional previa a la concesión cambian por completo la naturaleza de la operación. La cuarta: ¿pide prestada la autoridad de lo sagrado? Esta última es la que activa el comunicado que nos ha servido de gancho para esta nueva contribución. Si una organización construye su legitimidad sobre la apariencia de respaldo eclesial, porque lleva el nombre de un santo, porque invoca una orden medieval o porque se hace investir en un templo, entonces la única opinión que cuenta es la de Roma. Y Roma ya la ha dado.
Quien extraiga de este comunicado una conclusión más amplia, la de que toda distinción privada es una estafa, se equivoca. Una orden honorífica de mérito como HOIM que se declara privada, no vende puestos, no recauda, no admite delincuentes en su seno y no pretende parecer lo que no es, no tiene nada que ver con lo que describe el texto vaticano y vemos cada poco tiempo en templos y redes sociales. Confundirlas es lo que quieren los vendedores de cromos imperiales o de títulos supuestamente nobiliarios por precio, retratándose cada vez de manera más evidente para todos.
Italia sanciona. ¿Y nosotros?
Hay otra comparación incómoda. La ley italiana de 3 de marzo de 1951, que instituyó la Orden al Mérito de la República Italiana, reserva al Estado la concesión de honores y prohíbe que los confieran entes, asociaciones o particulares. Las infracciones se castigan con sanción administrativa pecuniaria, y también se castiga el uso de estas distinciones.
No es papel mojado. En 1999, la tercera sección penal del Tribunal de Casación italiano rechazó los recursos contra la condena impuesta por la Corte de Apelación de Turín por la concesión ilegítima de honores por parte de un autodenominado «Serenissima Ordine Equestre Militare e Nobiliare della Santissima Trinità». En su razonamiento citó los trabajos preparatorios de la ley, que ya denunciaban el abuso de estas pretendidas distinciones, casi siempre con fines especulativos.
Si Roma avisa de que hay un mercado, y un país vecino lo castiga con ley y jurisprudencia, la pregunta para España es obligada: qué instrumento jurídico equivalente tenemos y cuántas veces se ha aplicado. La dejo abierta porque merece una respuesta documentada y no una intuición. Lamentablemente no tengo tiempo actualmente de profundizar.
Quién paga
La Secretaría de Estado habla de abusos que perjudican a personas de buena fe. Es la frase más importante del comunicado y disiento parcialmente dentro del respeto. Esa afirmación partiría de la premisa de que quien se somete a una de estas investiduras rara vez es un cínico. Lo normal, quiero pensar, es que crea que le reconocen algo. Le han dicho que es un honor, que es selectivo y que tiene la bendición de la Iglesia, y la iglesia donde se celebra lo confirma. Pero la realidad cotidiana me ha demostrado empíricamente que muchos de los actores de esa comedia son interesados y utilizan sus órdenes de pacotilla para medrar en los negocios, para fingir un estatus del que carecen y para turbios manejos que no pocas veces acaban en manos de la justicia.
El Vaticano lleva años enviando la señal contraria incluso a quienes tienen más fácil comprobarlo. En una carta de 27 de abril de 2004 a las misiones diplomáticas acreditadas ante la Santa Sede, la Secretaría de Estado recordaba que la práctica es que los diplomáticos se abstengan de adherirse a órdenes ecuestres no ligadas a la Santa Sede, aunque estén dedicadas a santos o tengan títulos religiosos. Y que los miembros de los gobiernos que visitan Roma para audiencias pontificias no acepten distinciones de órdenes no reconocidas.
Si un jefe de protocolo sabe que no debe aceptarlas, resulta difícil explicar por qué quien dirige un despacho, una clínica o una empresa las exhibe. ¿Cuántos currículos profesionales las muestran junto a cargos reales? Una credencial dudosa en un currículo no solo debilita a su titular, sino que también contamina a la institución que representa.
Cierre
Roma ha hecho lo suyo, otra vez. Ha dicho qué reconoce, qué no vale y qué no debería ocurrir en sus templos. Lo que no puede hacer es leer los currículos ni vigilar las puertas de cada parroquia. Eso nos toca a los demás: a quien presta el altar, a quien firma el diploma y a quien lo cuelga en su perfil.
Cuando una ceremonia solo se sostiene realmente en el entorno histórico y lo demás es de cartón piedra, mientras nadie compruebe quién la ha convocado, ni siquiera si existe realmente, lo que se condecora no es un mérito, sino la disposición a no comprobar, la buena fe traicionada o el ego sobredimensionado por saciar a cualquier precio, carísimo por lo demás para lo que vale.
¿Cuántas de esas fotografías seguirán colgadas el lunes que viene?
